El concejal de Yerba Buena Lisandro Argiró (Unión Cívica Radical - Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ordenanza para que en el ámbito municipal se genere un protocolo de atención y asesoramiento a víctimas de delitos, desde el minuto cero de producido el ilícito.

La iniciativa persigue el objetivo de que el ciudadano se sienta contenido por el Estado desde el primer momento, y no deba vivir otra difícil situación, al padecer la excesiva burocracia que conllevan las acciones posteriores al hecho.

“A la impotencia, a la bronca que una persona experimenta cuando fue víctima de un delito le sobreviene el agobio y la pesadumbre de tener que ir y venir de un sitio a otro, sin indicaciones certeras de lo que debe hacer. Allí se genera un sentimiento de orfandad frente al Estado; la víctima vuelve a ser víctima; esta vez, de la desidia, de la falta de contención de las instituciones. Y entonces desiste de hacer la denuncia, da por perdidos los objetos que le robaron o apela a algún ‘padrino’ -si lo tiene- o a vías por fuera de la ley para recuperar sus pertenencias, entre otros”, dijo Argiró.

El edil, que semanas atrás había adelantado sus intenciones de ser intendente de Yerba Buena, recordó que a instancias de su labor en el Concejo Deliberante y de su rol en el departamento Ejecutivo municipal -ambos, durante el anterior período de Gobierno- se aprobaron ordenanzas clave en materia de seguridad, que hoy no funcionan como deberían. En particular, la mesa de denuncias -pensada para facilitarle el camino a la víctima y para recabar datos con los cuales armar un mapa de delitos-, y las encuestas de victimización.

“Según el protocolo que proponemos, la mesa de denuncias deberá instalarse en el centro de monitoreo municipal, que es el primer lugar donde va una persona que sufrió un delito. Allí estarán, de mínima, un equipo compuesto por abogados, adscribientes y psicólogos. Estos ingresarán la denuncia al sistema judicial y le explicarán con claridad al damnificado qué hacer”, precisó Argiró.

Añadió que, en paralelo, los técnicos del centro de monitoreo buscarán inmediatamente las imágenes en las cámaras de la zona donde hubiese ocurrido el delito, para que sean reservadas y puestas a disposición de la autoridad “En la actualidad, cuando la víctima pide las imágenes la mandan a que presente una nota al jefe de Gabinete, para que este autorice o no su búsqueda y su reserva”, señaló Argiró.

En síntesis, el protocolo plantea que la víctima será recibida por el abogado y por el psicólogo, y le ofrecerán la posibilidad de que radique allí la denuncia. En simultáneo se buscarán las imágenes y se las preservará. También en paralelo a estas acciones se dará una alerta temprana al 911, y a las dependencias que correspondan, de acuerdo al tipo de delito. El protocolo prevé, además, que el departamento Ejecutivo municipal suscriba convenios con los Poderes Ejecutivo y Judicial de la provincia, con el objetivo de generar lazos comunicantes fluidos.

La iniciativa cuenta con el apoyo de los homólogos de Argiró, por lo cual se descuenta su aprobación.